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                                                                                                                                           DICEN POR AHÍ

José Nava Olguin, exsecretario de seguridad pública, será detenido y quien ofrezca información para su captura, será recompensado con un millón de pesos, ésto declaró el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares pero, resulta que bastó un amparo de 3,500.00, sí, tres mil quinientos pesos para no detener al que es sospechoso de desaparecer a muchos veracruzanos. 

Esa es la justicia en un Estado neoliberal, ese Estado que sirve a los dueños del gran capital.

¿Y en México cuando?

Por Jorge González Cano

A raíz de los regímenes militares que se dieron constantemente en Guatemala durante la segunda mitad del siglo pasado, a comienzos del siglo XXI y a petición de la Organización de las Naciones Unidas,

se erigió en ese país un órgano independiente del gobierno para vigilar y sancionar el cumplimiento de los Derechos Humanos, así nació en el 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin paralelo en el mundo, este órgano se rige bajo las leyes guatemaltecas pero el gobierno no tienen injerencia sobre él. Una vez consolidado, se dedicó a investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos, actuando como una asesora del gobierno y haciendo recomendaciones para iniciativas o reformas de ley que coadyuven a combatir el crimen, en ocasiones llegando a actuar como un fiscal, recomendando sentencias y líneas de actuación al gobierno.

Así la CICIG fue atendiendo las violaciones por parte de los gobiernos militares y las fue resolviendo, al mismo tiempo investigó a grupos clandestinos que de una u otra manera estaban ligados al gobierno, por lo que su función adquirió bastante credibilidad, incluso a nivel internacional. Con el tiempo y el trabajo cada vez eran menos los casos denunciados de violaciones a los DH, pero más las denuncias contra funcionarios por corrupción. Una vez que el órgano considera que la corrupción gubernamental también viola los DH de la población, se dio a la tarea de intervenir cada vez más en la investigación y fiscalización de la corrupción en ese país centroamericano. La CICIG tiene renovación de su existencia cada dos años y los gobiernos guatemaltecos han aceptado su continuidad, por lo que la ONU ha visto con buenos ojos que Guatemala vaya aceptando la renovación del organismo.

En el 2007 Otto Pérez Molina, militar retirado y fundador del Partido Patriota, se lanza por la presidencia pero es derrotado en segunda vuelta por Álvaro Colom. Nuevamente en el 2011 busca la presidencia de Guatemala, logrando esta vez su objetivo, alcanzando el triunfo junto con su compañera de fórmula para vicepresidenta, la Sra. Roxana Baldetti. De este modo, el militar inicia su período en el 2012. En Guatemala los titulares del poder ejecutivo duran cuatro años en su encargo, no hay reelección consecutiva, es decir, no se pueden reelegir para el período inmediato siguiente, pero una vez que transcurre un cuatrienio entonces pueden buscar nuevamente la presidencia.

Durante su gobierno varios empresarios acuden a la CICIG quejándose de que son extorsionados en asuntos aduaneros por funcionarios del gobierno, el señalado por ellos es un funcionario de nombre Juan Carlos Monzón, quien es muy cercano a la vicepresidenta. Así la CICIG comienza sus investigaciones y una vez que tiene elementos probatorios hace partícipe de estos al Ministerio Público, quien interviene también en las averiguaciones. Las pesquisas llevan entonces a la oficina de la vicepresidencia, por lo que en agosto se gira orden de aprehensión contra la Sra. Baldetti y aquí comienza a desmoronarse la presidencia del militar. Días después el CICIG y el Ministerio Público giran orden de aprehensión también el presidente, y una vez desaforado por el Congreso, renuncia y es encarcelado pocas horas después. En estos momentos, ambos políticos se encuentran presos esperando que inicie el juicio en su contra por acusaciones de extorsión, manejo de recursos ilícitos y enriquecimiento ilícito.

Cuando comienzan a salir a la luz los primeros resultados de las investigaciones, allá  por los meses de abril de este año, los guatemaltecos inician marchas de protesta contra el gobierno, mismas que se fueron incrementando, tanto en frecuencia como en multitudes. Transcurren varios meses de protestas hasta que llegamos a lo mencionado anteriormente.

En México, este caso guatemalteco provoca inspiración y a través de las redes sociales, comienza a pedirse la renuncia de Enrique Peña Nieto. Sólo que en nuestro país no existe la CICIG, ni la ley permite que por protestas o recabar firmas se pueda destituir al presidente. Así que por el momento y a pesar de las diversas acusaciones de corrupción que se han dado a conocer por cuestiones como las casas de Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec y la de Luis Videgaray, titular de SHCP, en Malinalco y otros tantos manejos con empresas como HIGA y OHL, no hay, por lo menos jurídicamente, una vía por la que se puede destituir al presidente o alguien de su gabinete. Nunca en la historia de México se ha dado un proceso legal en contra de un presidente o de un secretario de estado. Aunque bueno, la inconformidad es tal en la población mexicana y la caída en los índices de aprobación del gobierno de Peña Nieto son de niveles tan escandalosos, que el futuro del sexenio actual se puede decir que es de pronósticos reservados y si a esto le sumamos los rumores sobre la enfermedad del presidente, pues realmente resulta complicado decir que sucederá en la segunda mitad del gobierno federal actual. 

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