Política

                                                                                                                                           DICEN POR AHÍ

José Nava Olguin, exsecretario de seguridad pública, será detenido y quien ofrezca información para su captura, será recompensado con un millón de pesos, ésto declaró el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares pero, resulta que bastó un amparo de 3,500.00, sí, tres mil quinientos pesos para no detener al que es sospechoso de desaparecer a muchos veracruzanos. 

Esa es la justicia en un Estado neoliberal, ese Estado que sirve a los dueños del gran capital.

Rosendo Pelayo con afecciones del corazón

Carlos Miguel Flores Pérez

            Xalapa, Enríquez, Veracruz, 1 de febrero de 2018.-  El ex-alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo no asistió a la cita el día de hoy fijada por  la fiscalía general del Estado para responder a los cuestionamientos de esa dependencia dada las denuncias que han interpuesto en su contra porque acudió a la cita con su doctor, un cardiólogo. Sí el ex-alcalde tiene problemas cardiacos.

 

Los detractores de Rosendo Pelayo, desde la tarde de hoy dieron a conocer por las redes sociales que el ingeniero Rosendo Pelayo no asistiría a la fiscalía porque supuestamente, el también aspirante a la diputación  local del distrito de San Andrés Tuxtla, había huido en avión a la ciudad de México. Más tarde MIRA logró saber que el ex presidente no huía, solo asistía a una cita con su cardiólogo.

Cabe mencionar que todo acusado ante la FGE, de acuerdo a la legislación, tiene el derecho a no asistir a la primera cita cuando la FGE lo llama,  y puede optar por ser representado por un abogado.

Cabe subrayar que Manuel Rosendo Pelayo no es único que tiene observaciones en el ejercicio de la administración en que se desempeñó como presidente municipal de San Andrés, hay otros como “Tavo Ruiz, ex- alcalde de Alvarado, quien no ha sido citado por la FGE y otros más que son militantes destacados del PAN y, precandidatos a las diputaciones locales o federales, por lo que es lógico pensar que en Veracruz, la ley se pretende o se aplica selectivamente y de acuerdo a criterios que puedan favorecer al partido en el poder.

La investigación de los delitos que los funcionarios pudieran haber cometido en ejercicio de sus funciones, sin duda deben investigarse, pero con la transparencia que la propia ley señala. La ley tiene que ser pareja para todos y, con todo rigor de objetividad.

Que las elecciones no enturbien o empañen la justicia, es un reclamo de la sociedad, sea quien gobierne y, que el fiscal se conduzca con la rectitud que la ley le obliga, también es aspiración de una sociedad hastiada de tanta impunidad y corrupción.  

La FGE no puede seguir siendo, de ningún modo, la espada de Damocles cuyo hilo de donde pende, se maneje a capricho de los que gobiernen para prolongarse en el poder.

El ORFIS debe presentar denuncias  ante la FGE en contra de todos los ex alcaldes que no les cuadran las cuentas públicas,  sea del color que sean, de no hacerlo, estaría incumpliendo la ley y, la fiscalía, debe proceder a citar a todos los denunciados por el ORFIS, en estricto apego a la ley. Llamar a unos y con otros hacerse de la vista gorda, mandaría un claro mensaje de que en Veracruz se aplica la ley de acuerdo a conveniencia política, de darse el caso, estaríamos ante un gobierno corrupto y que se conduce con total  impunidad.

Veremos que ocurre en los próximos días y semanas con la sui generis FGE.

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